Poder Judicial del Edoméx apuesta por justicia familiar, coordinación y una verdadera reinserción: Héctor Macedo

Por: Mapy Escobar

Toluca, Estado de México.– Con una visión orientada a acercar la justicia a la ciudadanía, fortalecer la atención familiar y mejorar la coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, afirmó que el Poder Judicial mexiquense enfrenta el reto de transformar sus procesos, instalaciones y servicios para responder a las nuevas demandas sociales.

El magistrado destacó que prácticamente la mitad de los asuntos que llegan al Poder Judicial corresponden a materia familiar, lo que obliga a replantear la atención de este ámbito y apostar no solamente por la resolución de controversias, sino también por la prevención y la construcción de acuerdos.

En este sentido, consideró indispensable fortalecer la infraestructura, crear más juzgados, mejorar las instalaciones y ampliar las capacidades de los peritos, además de acercar los servicios judiciales a las comunidades mediante brigadas.

“Hay que invertir en el derecho de familia. Hay que invertir en la prevención”, sostuvo.

Macedo García llamó también a modificar la cultura de confrontación y avanzar hacia una sociedad con mayor capacidad para alcanzar acuerdos, al considerar que la responsabilidad de construir mejores condiciones familiares y sociales no corresponde únicamente a las instituciones.

El Poder Judicial sale de sus oficinas para acercarse a la ciudadanía

El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense señaló que uno de los objetivos de la actual etapa de transformación es acercar el Poder Judicial a la población.

Reconoció que, pese a los cambios derivados de la elección judicial y al tiempo transcurrido desde su implementación, todavía existe desconocimiento entre amplios sectores de la sociedad sobre las funciones y servicios que ofrece el Poder Judicial.

Por ello, destacó el trabajo de las brigadas que han permitido que servidores públicos que tradicionalmente permanecían dentro de las oficinas judiciales salgan al territorio para atender directamente a la población.

Explicó que, al principio, estas acciones generaban cierta resistencia, pero que la respuesta ciudadana ha sido positiva.

“Las personas que incluso nunca habían salido de sus oficinas salen contentas de haber servido a las personas”, señaló.

Coordinación con la Fiscalía para agilizar operativos

En materia de seguridad y justicia penal, Héctor Macedo García explicó que existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para atender de manera más eficiente los requerimientos derivados de operativos.

Detalló que, cuando la Fiscalía anticipa la necesidad de ejecutar determinadas órdenes de aprehensión o cateo, se establece un equipo de trabajo y se habilita a un mayor número de jueces para atender las solicitudes que correspondan conforme a derecho.

El propósito, explicó, es evitar que las órdenes sean procesadas de manera aislada o “a cuenta gotas” cuando existe un operativo de mayor dimensión.

“Eso ayuda, porque si no, las órdenes de aprehensión y las de cateo irían a cuenta gotas; lo que hacemos es que, para que el operativo funcione, habilitamos y asesoramos”, explicó.

Subrayó que esta coordinación no significa dejar de lado la independencia judicial, sino generar las condiciones para que las instituciones puedan cumplir con sus respectivas responsabilidades dentro del marco legal.

En casos de alto impacto, debido proceso y pruebas serán determinantes

Respecto al caso mediático registrado en Atizapán de Zaragoza, el presidente magistrado fue enfático en que el Poder Judicial debe actuar exactamente igual que en cualquier otro asunto: conforme a derecho y respetando el debido proceso.

Señaló que, aunque se trate de delitos de alto impacto, corresponde a la Fiscalía presentar una acusación sólida y aportar pruebas suficientes para que un juez pueda determinar, en su caso, la responsabilidad penal.

“La acusación debe ser muy firme de la Fiscalía y debe haber pruebas contundentes para poder lograr incluso la sentencia con la que acuse la Fiscalía”, puntualizó.

Macedo García evitó adelantar criterios sobre un caso específico y recalcó que el Poder Judicial debe preservar la legalidad y las garantías procesales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Plantea revisar el modelo de reinserción y casos de adultos mayores

Otro de los planteamientos relevantes del magistrado fue la necesidad de revisar la política de sentencias y avanzar hacia modelos de verdadera reinserción social.

Explicó que existen casos que podrían ser analizados bajo una perspectiva de derechos humanos, particularmente cuando se trata de personas adultas mayores, con enfermedades, primo-delincuentes o responsables de delitos que no sean considerados graves.

Incluso mencionó como ejemplo el tratamiento de adicciones, al considerar que existen alternativas que podrían contribuir a una reinserción efectiva en determinados casos.

Macedo García señaló que fiscales, defensores públicos y jueces de ejecución tienen responsabilidades específicas en este proceso y que corresponde revisar cada expediente de manera individual.

En este contexto, llamó a los jueces de ejecución a analizar los casos con una perspectiva de derechos humanos y no limitarse exclusivamente a una interpretación mecánica de la legalidad.

“Si estamos hablando de una persona de 70 años, ya enferma, con un delito que no sea tan grave, podríamos buscar algunos sustitutivos”, planteó.

Revisar penas y evitar sanciones desproporcionadas

El presidente magistrado también consideró necesario revisar el cúmulo de delitos y las penas aplicables, particularmente en aquellos casos donde la acumulación puede producir condenas extremadamente prolongadas.

Señaló que recientemente se han realizado modificaciones legislativas en materia de homicidio y consideró que este tipo de discusiones deben continuar para revisar integralmente las penas y los mecanismos de reinserción.

La justicia, sostuvo, debe garantizar el cumplimiento de la ley, pero también atender las circunstancias particulares de cada persona y mantener una perspectiva de derechos humanos.

Un Poder Judicial más cercano y con mayor capacidad de respuesta

Héctor Macedo García delineó así una ruta de transformación para el Poder Judicial del Estado de México sustentada en varios ejes: mayor infraestructura, más juzgados, fortalecimiento de peritos, acercamiento territorial, coordinación institucional, respeto irrestricto al debido proceso y una política de reinserción social más efectiva.

El desafío, afirmó, es que la justicia no permanezca distante de la sociedad, sino que pueda responder con mayor rapidez y sensibilidad a los problemas que enfrenta la población.

En particular, el magistrado puso sobre la mesa una realidad que representa casi la mitad de la carga judicial: los conflictos familiares, un ámbito en el que, dijo, no solamente se requiere resolver controversias, sino también prevenirlas y generar condiciones para que las familias puedan alcanzar acuerdos.

La transformación del Poder Judicial mexiquense, de acuerdo con su presidente magistrado, pasa así por una justicia más cercana, preventiva, coordinada y humana, sin apartarse de la legalidad ni del debido proceso.