Sacude a la Secretaría del Medio Ambiente del Edoméx detención de dos directivos por presunta red de extorsión a verificentros
Por: Mapy Escobar
Toluca, Estado de México.– Una investigación que apunta al corazón de la estructura administrativa encargada del control de emisiones atmosféricas en el Estado de México destapó una presunta red de extorsión que habría operado durante años contra propietarios de verificentros, con ganancias ilícitas que, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), alcanzarían varias decenas de millones de pesos mensuales.

Se trata de Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, detenido en Acapulco, Guerrero, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, aprehendido en la Ciudad de México.
La operación fue ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Guardia Nacional y de las Fiscalías Generales de Justicia de Guerrero y de la Ciudad de México.
Una maquinaria de miedo y dinero
De acuerdo con las investigaciones derivadas de denuncias de diversas víctimas, los funcionarios detenidos presuntamente formarían parte de una estructura integrada por servidores públicos, exservidores públicos y particulares, que habría utilizado sus posiciones y atribuciones para imponer cuotas ilegales a propietarios de Centros de Verificación de Emisiones.
El mecanismo, según la Fiscalía, no se habría limitado al cobro de dinero.
Los propietarios de verificentros presuntamente eran obligados a entregar cantidades en efectivo bajo la amenaza de que, si no pagaban, podían enfrentar el cierre de sus líneas de verificación o perder las autorizaciones que les permitían operar.
En otros casos, las autoridades investigadoras señalan que integrantes de esta presunta red habrían simulado actos administrativos con el propósito de despojar a legítimos concesionarios de sus autorizaciones e incluso de la infraestructura que ellos mismos habían adquirido para desarrollar sus actividades.
El miedo habría sido una pieza fundamental del mecanismo.
Las víctimas, de acuerdo con la investigación, recibían advertencias de posibles represalias si decidían denunciar.
Millones de pesos en efectivo
Uno de los aspectos que más llama la atención de la investigación es la dimensión económica que habría alcanzado el esquema.
La FGJEM señala que, hasta el momento, se encuentra acreditado que la estructura extorsiva habría generado varias decenas de millones de pesos mensuales, únicamente para evitar el cierre de las líneas de verificación de los establecimientos afectados.
A esta cantidad se sumarían exigencias adicionales por concepto de revalidación de autorizaciones, lo que habría incrementado sustancialmente las ganancias ilícitas.
Los pagos, según las indagatorias, eran exigidos en efectivo y entregados en un domicilio que ya habría sido identificado por las autoridades.
El caso abre así una investigación de mayor alcance, pues la propia Fiscalía advierte que podrían existir más víctimas que hasta ahora no han denunciado por temor a represalias.
Van por más integrantes
La investigación no está cerrada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que buscará contactar a otras posibles víctimas para que formalicen sus denuncias, lo que podría incrementar considerablemente el monto de los recursos presuntamente obtenidos mediante este esquema.
Asimismo, las autoridades continúan con las indagatorias para obtener nuevas órdenes de aprehensión que permitan llevar ante la justicia a todos los involucrados.
El caso representa un fuerte golpe contra una presunta estructura de corrupción y extorsión que habría aprovechado facultades gubernamentales para convertir trámites, autorizaciones y verificaciones ambientales en instrumentos de presión económica.
Por ahora, los dos servidores públicos enfrentan una investigación y deberán responder ante las autoridades competentes, bajo el principio de presunción de inocencia, mientras se determina su situación jurídica.
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