Presunto fraude millonario con plazas educativas sacude al Estado de México; 26 ex funcionarios y servidores públicos ya fueron vinculados a proceso

Por Mapy Escobar

Toluca, Estado de México. Lo que durante años pudo haber permanecido oculto dentro de la estructura administrativa del Gobierno del Estado de México hoy es investigado como uno de los presuntos esquemas de corrupción más complejos detectados en la administración pública estatal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejercitó acción penal contra 33 ex servidores públicos, servidores públicos en funciones y particulares, señalados por su probable participación en una red dedicada a la manipulación de plazas gubernamentales, principalmente del sector educativo, mediante la incorporación de personas que, de acuerdo con la investigación, nunca desempeñaron las funciones para las que fueron contratadas.

Hasta el momento, 26 personas ya fueron vinculadas a proceso, mientras que otro imputado permanece en espera de que se defina su situación jurídica y cinco más promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión libradas en su contra.

Una investigación que inició con casi 460 movimientos irregulares

La indagatoria comenzó luego de que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), denunciara la existencia de 459 movimientos de alta de personal docente que presentaban diversas irregularidades, entre ellas la inexistencia de actividad laboral de quienes aparecían en la nómina oficial.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió reconstruir un mecanismo que habría operado desde 2021, mediante el cual se asignaban plazas a supuestos docentes que no impartían clases y cuyos salarios eran cobrados por terceros o distribuidos entre integrantes de la presunta red.

Funcionarios de distintos niveles, bajo investigación

Entre los investigados figuran dos ex subsecretarios estatales, ex directores generales, delegados administrativos, coordinadores, directores de área, subdirectores y personal operativo que laboró en diversas dependencias, entre ellas las Secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como en la actual Oficialía Mayor y la SECTI.

Según la Fiscalía, varios de los involucrados mantenían vínculos familiares o relaciones de confianza, lo que presuntamente permitió que el esquema continuara aun cuando algunos dejaban sus cargos, siendo sustituidos por personas cercanas que mantenían la operación.

Altas sin expedientes y planteles inexistentes

La carpeta de investigación refiere que numerosas altas de personal carecían de expedientes completos, documentos profesionales o los requisitos administrativos indispensables para incorporarse como docentes.

Pese a ello, los registros fueron capturados en los sistemas oficiales de administración de personal y autorizados para el pago de nómina, incluso asignando a los supuestos docentes a planteles educativos inactivos para evitar que fueran detectados.

Las irregularidades, sostiene la Fiscalía, incluyeron el uso compartido de claves de acceso entre funcionarios, registros efectuados durante la madrugada y la alternancia de cuentas de usuarios para dificultar el rastreo de las operaciones.

«Reclutadores» y retiro del dinero

La investigación también identifica la existencia de personas encargadas de reclutar familiares, amigos o personas de confianza para proporcionar sus datos personales y aparecer como trabajadores del Gobierno del Estado.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la Fiscalía, terceros retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios y retiraban el dinero para distribuirlo entre los integrantes de la presunta organización.

En algunos casos documentados por la autoridad ministerial, quienes prestaban su identidad recibían apenas seis mil pesos, mientras que las cantidades depositadas por concepto de salarios alcanzaban aproximadamente los 200 mil pesos.

Más de 96 millones de pesos bajo investigación

La Fiscalía estima que únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026 el esquema habría generado un presunto daño superior a 96 millones de pesos, considerando salarios, aguinaldos, primas vacacionales y otras prestaciones.

No obstante, la autoridad ministerial sostiene que el monto podría incrementarse si se acredita que las mismas prácticas se realizaron de forma continua desde 2021.

Además del presunto desvío de recursos públicos, la investigación señala que algunos de los implicados también se habrían asignado plazas docentes con salarios cercanos a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían mediante licencias irregulares con el propósito de conservar beneficios laborales y jubilatorios.

Viajes de lujo y patrimonio bajo análisis

Como parte de las investigaciones patrimoniales, la Fiscalía informó que analiza el nivel de vida de varios de los imputados, al considerar que existen diferencias entre sus ingresos como servidores públicos y bienes o gastos observados.

Entre los elementos incorporados a la investigación se mencionan viajes internacionales a destinos como París, Dubái, Las Vegas, Egipto, China e Islas del Caribe, así como el uso de vehículos, accesorios de alta gama e inmuebles de elevado valor comercial.

Un expediente de gran dimensión

La carpeta de investigación está integrada por 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, que contienen entrevistas, dictámenes periciales, inspecciones, documentos y diversos datos de prueba presentados ante jueces para solicitar órdenes de aprehensión, cateos y audiencias de imputación.

Actualmente, 27 de los detenidos permanecen sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras enfrentan procesos por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

La Fiscalía del Estado de México precisó que las investigaciones continúan abiertas y no descarta nuevas líneas de investigación, mientras corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados conforme avance el proceso legal.