Reforma judicial abre debate sobre legitimidad, difusión y participación ciudadana: Héctor Macedo García

Mapy Escobar Informa

Toluca, Estado de México.- En medio del intenso debate nacional por la reforma judicial y la eventual realización de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, aseguró que el rumbo del Poder Judicial mexiquense dependerá directamente de las modificaciones que se aprueben a nivel federal, dejando claro que el Estado deberá alinearse a los lineamientos constitucionales que emanen del Congreso de la Unión.

Durante una entrevista concedida a medios de comunicación, Macedo García señaló que, de no existir cambios en la legislación federal, su permanencia al frente del Poder Judicial mexiquense concluiría en 2027; sin embargo, advirtió que cualquier modificación constitucional podría alterar los tiempos y condiciones del actual esquema judicial.

“El Estado tendrá que observar lo que determine la reforma federal y lo que apruebe el Congreso”, expresó.

El magistrado destacó que uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la capacitación obligatoria para quienes aspiren a ocupar cargos dentro del sistema judicial, una práctica que —afirmó— el Estado de México ya venía implementando desde administraciones anteriores.

Subrayó que la Escuela Judicial mexiquense mantiene un esquema permanente de preparación y profesionalización para juzgadores, fortaleciendo así las capacidades técnicas y jurídicas de quienes integran el Poder Judicial.

“Entre más herramientas y conocimiento tengan quienes sean sujetos a elección, mayor beneficio habrá para la impartición de justicia”, sostuvo.

Respecto a las modificaciones que podrían impactar la elección de jueces y magistrados hasta el año 2028, Macedo García consideró que este nuevo modelo podría representar una oportunidad para mejorar la difusión y comprensión ciudadana del proceso, luego de reconocer que las reglas actuales resultaron excesivamente limitantes.

Afirmó que la elección judicial pasada fue compleja y con baja participación, situación que atribuyó a las restricciones impuestas a las campañas de los aspirantes.

El presidente del Poder Judicial mexiquense propuso permitir que las personas juzgadoras puedan acudir a universidades, realizar foros públicos, organizar encuentros ciudadanos e incluso contar con mayores herramientas de difusión para que la población conozca verdaderamente a quienes buscan impartir justicia.

“Se requiere mayor difusión para que la ciudadanía conozca a los juzgadores”, enfatizó.

Sobre la creación de un único comité evaluador para analizar perfiles de aspirantes, señaló que la legitimidad de quienes resulten electos dependerá tanto de su trayectoria profesional como de la evaluación previa y finalmente de la decisión ciudadana en las urnas.

Macedo García también se refirió a los señalamientos que han surgido contra funcionarios estatales, particularmente contra integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, presuntamente relacionados con grupos criminales.

Ante ello, dejó claro que corresponde exclusivamente a la Fiscalía realizar las investigaciones correspondientes y que el Poder Judicial únicamente actuará cuando existan acusaciones formales o procesos judiciales plenamente integrados.

“Es tema de la Fiscalía; el Poder Judicial actuará cuando exista una acusación formal”, puntualizó.

En torno a las versiones que apuntan a supuestas diferencias de opinión dentro del gobierno federal sobre la reforma judicial, incluyendo comentarios atribuidos a la presidenta Claudia Sheinbaum, el magistrado evitó confrontaciones y aseguró que toda reforma constitucional es perfectible, siempre y cuando el objetivo central sea beneficiar a la ciudadanía.

Finalmente, rechazó las voces de algunos sectores políticos que califican la reforma judicial como una “mascarada”, al sostener que se trata de una reforma constitucional vigente que debe cumplirse y respetarse dentro del marco legal mexicano.

“No es una mascarada; es una reforma constitucional y debemos cumplir con ella”, concluyó.