Morena y aliados aprueban posponer elección judicial hasta 2028; oposición acusa “control político” del Poder Judicial

Por: Mapy Escobar

Ciudad de México.- En una de las sesiones más tensas y polarizadas del actual periodo legislativo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional para aplazar hasta el año 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, una decisión que desató fuertes confrontaciones entre Morena, sus aliados y los partidos de oposición.

Con 341 votos a favor y 124 en contra, la mayoría legislativa respaldó el proyecto impulsado desde el bloque oficialista, con el argumento de garantizar mejores condiciones de organización electoral y una mayor participación ciudadana en el proceso de renovación judicial.

La iniciativa contempla recorrer la elección de jueces, magistrados y ministros, originalmente planteada para 2027, hasta el proceso electoral federal de 2028, lo que representa un nuevo ajuste al calendario de la polémica reforma judicial que ha provocado intensos debates políticos y jurídicos en todo el país.

Durante la discusión parlamentaria, diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que la medida busca consolidar el control político sobre el Poder Judicial y advirtieron sobre riesgos para la autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia en México.

En respuesta, legisladores de Morena defendieron la propuesta señalando que el cambio permitirá una mejor implementación del nuevo modelo judicial y evitará improvisaciones en un proceso considerado histórico para el país.

La sesión estuvo marcada por gritos, acusaciones y señalamientos cruzados relacionados con seguridad, gobernabilidad y presuntos actos de corrupción, elevando aún más el clima de confrontación dentro del recinto legislativo de San Lázaro.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuará la discusión en lo particular de las reservas presentadas por la oposición, mientras el debate nacional sobre la reforma judicial sigue escalando en medio de fuertes divisiones políticas.

La decisión tomada por la mayoría legislativa perfila un nuevo capítulo en la transformación del sistema judicial mexicano, pero también anticipa una batalla política y constitucional que continuará generando controversia rumbo a las elecciones federales de 2028.