FGR cita a comparecer a Maru Campos; gobernadora de Chihuahua denuncia persecución política

Por: Mapy Escobar

Chihuahua, Chihuahua. — En un hecho que ha generado fuerte polémica a nivel nacional, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República para comparecer dentro de una carpeta de investigación federal, situación que calificó como un acto de persecución política y una violación a la soberanía estatal.

La mandataria estatal aseguró que la actuación de la Fiscalía representa un hecho “sin precedentes” y sostuvo que la Constitución establece protección institucional para los gobernadores en funciones, por lo que consideró improcedente el procedimiento promovido por la autoridad federal.

Maru Campos señaló directamente a Morena y al Gobierno Federal de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos, denunciando un supuesto “doble rasero” en la aplicación de la ley, al comparar su situación con la protección —dijo— que han recibido otros actores políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, expresó la gobernadora tras recibir el requerimiento oficial.

El citatorio, fechado para el próximo miércoles a las 10 de la mañana, ya es analizado por el equipo jurídico de la mandataria, encabezado por el consejero jurídico José Carlos Rivera, así como por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, además del abogado Roberto Gil Zuarth y colaboradores cercanos de la administración estatal.

La gobernadora de Chihuahua reiteró que su administración ha mantenido una estrategia frontal contra la inseguridad y el crimen organizado, asegurando que continuará trabajando para garantizar la paz y estabilidad de las familias chihuahuenses.

El caso ha comenzado a escalar en el escenario político nacional, abriendo nuevamente el debate sobre el uso de las instituciones de justicia, la relación entre los gobiernos estatales y federales, así como los límites constitucionales en torno a los procedimientos contra mandatarios en funciones.